El concurso de acreedores es un procedimiento judicial destinado a solventar los problemas de insolvencia y falta de liquidez de una persona física o jurídica.

En este sentido, nuestro ordenamiento jurídico pone a disposición del deudor en situación de crisis económica o insolvencia, y de sus acreedores, la posibilidad de acudir a los tribunales para que se adopten de inmediato determinadas medidas tendentes a evitar que esa situación de crisis se agrave y se inicien aquellas actuaciones precisas para satisfacer el derecho de los acreedores.

El objetivo es llegar un acuerdo que normalmente llevará consigo que dichos acreedores acepten una rebaja y/o aplazamiento de sus créditos o bien, la liquidación.

“Es decir, lo lógico es que cuando el empresario acude a un concurso de acreedores, es porque quiera salvar a su empresa, y busque un acuerdo que le permita seguir con su actividad. Si bien también puede ocurrir que la deuda sea demasiado grande y al final se opte por la liquidación, se venda el activo y con eso se pague a los acreedores.”

El proceso comienza con la solicitud de declaración de concurso que puede presentar ante el tribunal competente el deudor o cualquiera de sus acreedores.

Si concurren las circunstancias necesarias el Juez dictará auto de declaración del concurso, evitando que la situación patrimonial del deudor se deteriore. Para ello nombrará a unos administradores concursales que velaran por los bienes.

Una vez determinados los bienes y derechos que integran el activo patrimonial del deudor y se han identificado a los acreedores podrán iniciarse las actuaciones encaminadas a lograr un convenio o a liquidar el patrimonio.

En el caso de particulares, del ciudadano de a pie ¿Existe alguna medida legal similar que permita renegociar nuestras deudas o incluso librarnos de ellas?

ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE PAGOS. Si el deudor persona física, prevé que se va a quedar sin trabajo, o el autónomo que ve que su pequeño negocio no funciona, lo que tiene que hacer es acogerse a mecanismos de este tipo y usarlos de verdad, proponer quitas y esperas que sean razonables para sus acreedores.

En definitiva, se trata de articular una especie de convenio previo al concurso, en una vía extrajudicial dirigida por un mediador concursal, que permita alcanzar un acuerdo con los acreedores y superar la situación de insolvencia; que, en el caso de que no pueda ser cumplido, conllevará la apertura del concurso, llamado consecutivo.

¿Cuáles son los requisitos o qué tipo de personas pueden acogerse a esta Ley de Segunda Oportunidad?

Con la Ley de Segunda Oportunidad se busca cumplir con una función social, dando la posibilidad a aquellas personas que han pasado o estén pasando por una situación económica grave de empezar de cero y sin cargas.

En primer lugar, hemos de aclarar quién puede acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad.

¿QUIÉNES? Este mecanismo está pensado para las personas físicas, ya sean particulares o autónomos. Cualquier persona que se haya visto agobiada por las deudas o se haya embarcado en una actividad empresarial cuyo resultado no ha sido el esperado puede solicitar la exoneración de las deudas contraídas.

¿REQUISITOS? Los requisitos básicos para acceder a la Ley de Segunda Oportunidad pueden resumirse en los siguientes:

  1. Demostrar que no se tiene patrimonio alguno con el que poder hacer frente a las deudas.
  2. Que la cuantía de las deudas no supere los 5 millones de euros.
  3. Que el deudor lo sea de buena fe.
  4. Que se hayan pagado los créditos contra la masa y los privilegiados (deudas ‘obligatorias’) y un 25% de los ordinarios.
  5. Igualmente han de cumplirse otros requisitos como, por ejemplo, no haber acudido a este mecanismo en los 10 años anteriores, no haber sido condenado por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, por falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores, o no haber rechazado una oferta de empleo adecuada a las capacidades de la persona en concreto.

¿Qué cubre esta Ley de Segunda Oportunidad?

Ley de Segunda Oportunidad

Como decía, la esencia de la Ley es que aquel particular o autónomo en una situación de crisis o insolvencia pueda empezar de nuevo. Sobre el papel la Ley tiene muy buenas intenciones, pero en la práctica, vemos que, según el Instituto Nacional de Estadística, en los 5 años de vigencia menos de 20.000 personas se han acogido a ella.

Y esto se debe precisamente a los requisitos exigidos, el cumplimiento íntegro de todos los requisitos ha sido el motivo fundamental por el cual no ha tenido la difusión esperada.

La cuestión radica en que se condiciona la exoneración de la deuda al pago, entre otros, de los créditos públicos. Esto es, a Hacienda y a la Seguridad Social. Si la razón de acogernos a la Segunda Oportunidad es nuestra insolvencia, no parece tener mucho sentido que al mismo tiempo se nos esté exigiendo haber pagado nuestras deudas a determinadas instituciones.

No obstante, hay que señalar que los Tribunales, en sus últimas resoluciones, cuestionan las contradicciones existentes en la propia Ley y abren la puerta a que a los deudores se les condone más de la mitad de la deuda contraída con las administraciones públicas, en concreto el crédito ordinario y subordinado (intereses, recargos, sanciones y un 50% de la cuota). Mientras que el resto podrán abonarlo en un plan de pagos fraccionados de hasta cinco años que tenga en cuenta su capacidad económica real.

Se habla de actuar de buena fe ¿Qué significa esto?

En este caso la buena fe es un concepto jurídico. Para ser considerado deudor de buena fe, se debe reunir determinados requisitos:

  1. En cuanto a la buena fe del deudor, esta se entiende que existe cuando se ha intentado previamente un acuerdo extrajudicial con los acreedores.
  2. Que el concurso no haya sido declarado culpable.
  3. Que el deudor no haya sido ni condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, falsedad documental, y otros delitos en los 10 años anteriores a la declaración de concurso.      

Ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, adquirimos una deuda hipotecaria con un banco. Ese banco ¿Puede vender nuestra deuda a un tercero, sin nuestro consentimiento?

            “Si, y de hecho es algo que nos estamos encontrando cada vez más, porque al final la crisis económica nos afecta a todos y los bancos necesitan buscar fórmulas para obtener liquidez”

Aunque no es lo común, es perfectamente legal que un banco venda tu préstamo. De hecho, es lo que el Código Civil regula bajo la expresión de “cesión de créditos”.

Puede suceder que un banco ceda nuestra deuda a otra entidad financiera o a un fondo de inversión (entre los que se encuentran los conocidos como ‘buitre’). Al banco que atraviese dificultades económicas o que necesite disponer de liquidez con celeridad puede convenirle vender los préstamos que tiene concedidos. Es una vía para conseguir dinero con rapidez.

En cuanto al consentimiento NO SE NECESITA NUESTRO CONSENTIMIENTO. Las condiciones de nuestro préstamo no varían. De hecho el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) falló en 2018 que la cesión del crédito no necesita el consentimiento del prestatario.

Deudas prescritas ¿Eso significa que nuestras deudas tienen caducidad?

Una deuda se puede extinguir de varias formas. La normal, pagando la cantidad adeudada, pero también puede extinguirse con el transcurso de un determinado periodo de tiempo

Ahora bien ¿Eso significa que no tengo que pagar mi deuda si ha transcurrido un tiempo? No, para que se dé esta circunstancia será preciso fundamentalmente que el acreedor no haya ejercido ninguna acción judicial o extrajudicial (vía requerimiento, burofax, etc.); ya que, si en algún momento el acreedor inicia el proceso de reclamación, se interrumpirá el plazo de prescripción

El Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil establecen cuándo prescribe cada tipo de deuda: “No todas las deudas prescriben al mismo tiempo”

  1. DEUDA HIPOTECARIA El plazo de prescripción de las hipotecas es de 20 años a contar desde su fecha de vencimiento.
  2. PRESCRIBEN A LOS 5 AÑOS: Préstamo personal, la deuda de un alquiler, las facturas de la luz, agua, gas o cualquier otro gasto del hogar.
  3. PRESCRIBEN A LOS 4 AÑOS. Agencia Tributaria y Seguridad Social.
  4. PRESCRIBEN A LOS 3 AÑOS. Deudas de abogados, notarios, etc.